Abril 25, 2017

Jueza cambia delito a hombre acusado de violar a su pequeña sobrina

Jueza cambia delito a acusado de violación con agravación de la pena y lo sentencia únicamente a cinco años de prisión inconmutables

Gerardo Humberto Reyes Duarte es acusado de violar a su pequeña sobrina de forma continuada con circunstancias Especiales de Agravación, sin embargo la Jueza cambió el delito a delito de agresión sexual.

El cambio de delito y sentencia condenatoria a cinco años de prisión en contra de Reyes Duarte fue dado por La jueza Ana María Rivera Jueza Unipersonal del Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del Departamento de Guatemala.

Reyes Duarte abuso de su pequeña sobrina desde el año 2010 al año 2012 aprovechándose los días que ella se encontraba sola en casa de su abuela de 85 años de edad.

La falta de fechas específicas de cuando el acusado abusó de su sobrina, fue uno de los argumentos de la jueza para cambiar el delito de Violación con Agravación de la Pena en Forma Continuada con Circunstancias Especiales de Agravación a delito de agresión sexual únicamente.

Para la representante del equipo legal de Mujeres Transformando el Mundo quien da acampamiento legal a la víctima y su familia, es indignante el actuar de la jueza ya que centra su atención en cuestiones irrelevantes como fechas que no son características principales de un delito.

La falta de fechas concretas también fue el argumento de la misma  Jueza para dictar sentencia absolutoria en contra del servidor público Javier Antonio de León Monteros quien fungía como maestro de primaria y acusado de violar a estudiante de quinto grado.

En abril de 2017 se interpuso un Recurso de Apelación Especial por motivos de Forma y Fondo en contra de la Sentencia absolutoria emitida por la jueza Ana María Rivera Méndez a favor del servidor público Javier Antonio de León Monteros.

En el año 2014 varios jueces entre ellos Ana María Rivera Méndez fueron señalados por la Fundación Sobrevivientes por emitir sentencias judiciales no apegadas a derecho en casos de femicidio y violencia contra la Mujer.